"MIS HIJOS NO GANAN" ESTUPENDO ARTICULO

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Mis hijos no ganan


El artículo 1 de la Ley de Violencia de Género (LVG) establece que todo hombre sujeto a las leyes españolas por su nacionalidad o residencia es violento dentro de la pareja heterosexual. De entrada. Como ha dicho el juez Francisco Serrano, el legislador (la legisladora) escribió como manifestación de la discriminación y no cuando la haya. También podría haber preferido antes que el presente de indicativo (la violencia que se ejerce), algún tiempo del modo subjuntivo (cuando la violencia se ejerza, se ejerciera) o la pasiva (sea ejercida). Universalizado así el maltrato, los legisladores (las legisladoras) olvidaron concretar qué es maltrato; sencillamente se predica que se ejerce, pero no se tipifica. Aquello que represente una molestia para la mujer con la que se ha mantenido una relación de pareja es susceptible de ser considerado maltrato, pues podría entrar dentro del llamado maltrato psicológico por ser contemplado como “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. Las preguntas de la llamada macroencuesta con la que se inició la justificación de una ley como la LVG incluyen las del tipo ¿Ha hecho comentarios despectivos de su ideología política? También la casuística se había hecho universal. Pero no parecía suficiente. Termina el artículo 1: “por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. El maltrato, coherentemente, es eterno y sólo se libra uno de él en el alejamiento perpetuo. La posibilidad de que llegara a ser reversible se estudia con suspicacia. La LVG, como bandera de la ideología de género, no distingue entre procesos de divorcio, episodios de crisis doméstica, conflictos de noviazgo, violencia física continuada… Todo es maltrato, todos somos maltratadores, y lo somos para siempre.



Con este artículo entre las manos, entre otros también afectados por esta ideología, los jueces dirimen conflictos de pareja, a veces con hijos comunes. Buena parte de las denuncias de violencia de género ocurren durante el proceso de divorcio. Se dirá que es ésa la causa de la separación, pero es que también aparecen cuando el divorcio lo solicita él (recordemos que sólo las mujeres pueden recurrir a esa ley). No son pocos los riesgos objetivos identificados por los jueces para dictar una orden de alejamiento sin más base que su propia protección de la complejidad familiar, de la presión social y del por si acaso.



¿Quién sale ganando?, se pregunta el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Empecemos por quién no gana para ir excluyendo. Mis hijos no han ganado desde que inicié el proceso de divorcio y empecé a recibir denuncias (pesadillas y bruxismo, duelo, merma del rendimiento escolar, conflicto de lealtades, confusión informativa, judicialización de su vida, incomodidades en su ritmo de vida…), ni yo he ganado desde que inicié el proceso de divorcio (a las denuncias –para la tranquilidad bien pensante aclaro que tres fueron absolutorias y una no llegó al juzgado– se suma una orden de alejamiento que afectó a mis hijos, ansiedad, descapitalización mensual y anual…). En otros casos perdieron mucho más, como el contacto paterno-filial. ¿Quiénes ganaron?: supongo que quienes viven de las estadísticas para recibir las subvenciones, los centros que cuentan los usuarios para fortalecer su presencia, quienes viven de la publicidad de los programas contra la violencia de género, letrados y letradas, procuradores, arrendadores de domicilios, los (las) que convierten en trofeos las custodias parentales y a los niños, incluso el señor Delegado del Gobierno ha salido ganando con su nuevo puesto. Miraría por ahí antes que dejarlo en la duda malintencionada. Pero ni mis hijos ni yo hemos ganado nada que nos haya sido concedido. Nadie nos ha hecho un favor con las denunincas. Tampoco las personas muertas, mujeres y hombres, a manos de sus anteriores parejas o de sus sicarios. De todas formas, enfocarlo desde el punto de vista de ganar o perder no ayuda mucho a apaciguar el panorama.



A la par que aparecieron los centros para la Mujer en cada localidad de este país no surgió ningún –aunque fuera pequeñito– centro del Hombre o centro del Varón con ninguna –aunque fuera pequeñita– subvención para estudiar su situación hoy y centralizar sus reivindicaciones en caso de que el igualitarismo feminista hubiera perdido su medida y se hubiera convertido en revanchismo de género. Se pueden contar en minutos y líneas sin perder la cuenta las intervenciones mediáticas criticando la situación creada para el hombre en España, mientras se hace en miles de horas y ríos de tinta la dedicada a la violencia ejercida sobre las mujeres, presente a diario en las noticias. Puestos a hablar de agitación y propaganda, no hay color. Nos ilustraba Hannah Arendt sobre cómo Stalin preparaba la purga de sus nuevos enemigos acusándoles de sus propios rasgos político-patológicos que después él mantenía sin reparo.



A los hombres juzgados por denuncias les han pedido un esfuerzo en beneficio de las mujeres verdaderamente maltratadas. Eso es lo que han oído hasta de sus propios letrados. Un esfuerzo que no ha servido de mucho, dicho a la luz de las estadísticas elaboradas por las propias instituciones del Estado. Parece que es hora de que el Gobierno haga su trabajo y no se lo pida hecho a la sociedad eternamente, porque entonces cabe plantearse qué hace ahí este Gobierno y para qué existe la LVG, alterando la vida democrática desde en el margen diluido del Estado de Derecho.



Las denuncias falsas (un coste social soportable, en palabras de López-Aguilar, ministro de Justicia del Gobierno que aprobó esta ley) llegaron a cifrarse en un 4% según los defensores de la ley (las defensoras) antes del estudio del Consejo General del Poder Judicial que finalmente las ha rebajado a menos del 0,2%, cuatro puntos por debajo de la media de denuncias falsas en cualquier tipo de delito (Lo raro es que no dé un cero absoluto, porque todo es maltrato). Es difícil de creer que algo que suele despertar tan poco interés en los juzgados a la hora de investigar como las relaciones familiares pueda aclararse sólo con leer los rollos judiciales (y sólo en parte) y que no haya intereses coyunturales en la presentación de los resultados. Más cuando el juez Serrano ha aclarado que el estudio se realizó sobre condenas ratificadas en la Audiencia y sin contar las que no llegaron hasta allí. Como ir a buscar pobres a Beverly Hills, ha dicho. Mejor en Cáritas.



Nos presentan desde el Gobierno como un país con una ley única en el mundo. Tal vez deba tomarse como una señal para empezar a pensar si no somos los únicos que nos hemos equivocado al hacer una ley de efectos y uso tan brutales. La LVG no ha conseguido su objetivo principal: reducir las muertes en la pareja. Sólo ha logrado que aumenten las denuncias, la fecalización de los procesos de familia, la demonización del hombre y el desaguisado social, legal y judicial. Y lo ha hecho con política de fanfarria y no con otra más fina.



La imagen difundida y parece que deseada del hombre en la pareja se acerca mucho a la que hace una semana todavía lucía en la Puerta del Sol de Madrid: un hombre embridado, con los pantalones bajados y de rodillas era el objeto de juegos de su nueva mujer, mientras en la pared de la habitación del hotel se leía Recién casados. Huelga el trabajo de predecir cuántos segundos hubiera durado esa idea publicitaria en la cabeza del creativo (la creativa) si los sexos estuvieran intercambiados. Si definimos género como rol social que se atribuye a un sexo, el que se le reserva al hombre es rechazable tanto como lo rechazaron las mujeres. Ese revanchismo no tiene beneficios sociales y ya ha generado bastante daño, para el presente y para el futuro.



Si la revolución feminista pasa por aceptar las voces jueza y fiscala, cuentan con nuestro apoyo con la promesa añadida de que no se propondrá la sustitución de otros nombres por poetos, socialistos, populistos o machistos. No somos partidarios de la tipificación de delitos lingüísticos (¡ese omnipresente sesgo totalitario de la política de género que no consiguen esconder…!). Por sorpresa no nos pillaría, porque criminalizar o represaliar a quien sostenga críticas a la política de género es algo recurrente desde hace una legislatura y media.