AMNISTIA INTERNACIONAL DENUNCIA VEJACIONES EN CENTRO DE MENORES ESPAÑOLES

Amnistía denuncia vejaciones en centros de menores españoles
• El Defensor del Pueblo ya alertó de abusos y el Síndic detectó hacinamiento

• Catalunya, Madrid y Andalucía contestan que no es cierto lo que cuenta la oenegé




JUAN RUIZ SIERRA
MADRID
Cuando tenía 18 meses, Aránzazu Celdrán fue entregada por su abuela a un centro de acogida en Granada. Sus padres, toxicómanos, no podían hacerse cargo de ella, así que Celdrán residió primero en la instalación andaluza y, después, ya de adolescente, en el centro de Font Fregona, en el Alt Penedès. «Te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te hacías todo encima. No sabes quién eres. Pierdes la cabeza», contó Celdrán a la oenegé Amnistía Internacional, que ayer divulgó un informe, repleto de testimonios de «abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, encierros en celdas de aislamiento, mordazas o medicaciones sin diligencia», sobre los centros terapéuticos de Catalunya, Andalucía y Madrid donde se hallan internados menores con trastornos de conducta y dificultad social.
No es la primera vez que estas instalaciones aparecen retratadas en estos términos. El trabajo de Amnistía –elaborado a partir de más de 100 entrevistas a jóvenes, familiares y personal de los centros–, se basa en gran parte en uno del Defensor del Pueblo publicado el pasado febrero que también hablaba de ayunos forzosos y celdas de aislamiento «verdaderamente atroces». Cuatro meses después, el Síndic de Greuges publicó otro informe, cincunscrito a Catalunya, en el que alertaba del hacinamiento en los centros. «La sobreocupación está, en algunos casos, cerca del 150%», señalaba el texto.

LA RESPUESTA / ¿Qué ocurre en los centros terapéuticos de menores? Amnistía dice que «la situación de estos niños resulta invisible a la sociedad porque se desconoce el número de centros terapéuticos abiertos en España y el número de menores internados», que los poderes públicos «no llevan a cabo con regularidad sus funciones de supervisión y exigencia de rendición de cuentas a las entidades que los gestionan», que estas incluso «obstaculizan» las inspecciones de organismos independientes y, por último, que «cuando se producen abusos, no se establecen los medios para que los menores, sus familiares o los educadores puedan denunciarlos y exigir responsabilidades de manera efectiva». Sin embargo, poco después de que la oenegé diera a conocer su documento, las administraciones responsables de los centros respondieron que lo que se contaba allí no era cierto.
El director general de Atenció a la Infància i l’Adolescència, Xavier Soley, por medio de un comunicado, tachó el informe de «tergiversado y demagógico», dijo que Amnistía no había entrado en ninguna de estas instalaciones y que la Conselleria d’Acció Social y la fiscalía de menores sí. Ambos organismos, continuó Soley, han inspeccionado en repetidas veces estos centros, han hablado con los jóvenes y «no se han producido quejas sobre su tratamiento y atención». Tanto la Junta de Andalucía como la Comunidad de Madrid dijeron también que las instalaciones eran visitadas con frecuencia y que los derechos humanos de los internos estaban «garantizados».

LA OPINIÓN DEL FISCAL / Tras examinar el informe, el fiscal delegado de menores de Barcelona, Juan José Márquez, manifestó que compartía su «crítica general al funcionamiento de estas instituciones», pero «no tanto las críticas concretas». Algunas de las historias narradas en el documento –continuó– son, por lo que él ha investigado, «falsas». «No resulta extraño que los padres a los que han quitado la custodia del hijo digan que este está siendo maltratado por las instituciones –dijo a este diario–. Pero el tema es muy complejo y la situación actual es muy mejorable. Se requieren más controles; la falta de medios es más que evidente».